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Varapalo judicial al radar más activo de la DGT

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Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid ha anulado una multa de velocidad de 300 euros y una retirada de 2 puntos del carné de conducir impuesta con uno de los radares más activos y sancionadores que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene distribuidos por el país.

Según el juez, la anulación de dicha multa viene dada porque no se aplicaron correctamente los márgenes de error legalmente establecidos. La compañía de seguros del afectado le sugirió no continuar recurriendo ante los tribunales porque no veía posibilidades de defensa y fue entonces cuando el automovilista afectado acudió a los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) quienes, una vez analizado el caso, consideraron oportuno plantear el correspondiente recurso ante los tribunales, no sólo porque existían serías dudas acerca del correcto funcionamiento del radar, sino porque Tráfico le estaba imponiendo una sanción por encima de lo que marca la ley, tal y como dicta la sentencia judicial. Dicho radar está situado a las afueras de Madrid, concretamente en el Km. 18,2 de la carretera de la Coruña, muy cerca de la localidad de Las rozas.

Se podría tratar de otra sentencia más de las que se dictan a diario en los tribunales de nuestro país. Sin embargo, este radar, en apenas un año de funcionamiento, ha formulado más de 18.000 denuncias de las cuales una de cada cuatro ha conllevado pérdida de puntos, lo que supone el 7% de las denuncias de velocidad formuladas en 2014 en toda la Comunidad de Madrid.

Además, esta nueva sentencia se une al medio centenar de sentencias dictadas en el mismo sentido por numerosos tribunales de España y avala la denuncia realizada en 2010 por la organización de defensa de los conductores, AEA, respecto al erróneo criterio sancionador que la DGT, el Gobierno Vasco, la Generalitat de Catalunya y más de una docena de ayuntamientos españoles están aplicando para sancionar los excesos de velocidad.

Finalmente y dado el importante volumen de denuncias emitidas en ese punto, AEA se dirigirá al Centro Español de Metrología para que aclare las razones por las que el certificado de conformidad otorgado originariamente a ese radar, fue anulado y sustituido por otro a los siete meses de su entrada en funcionamiento. Y por supuesto, aclare si este hecho podría afectar, desde el punto de vista legal, a las mediciones efectuadas por ese aparato durante ese periodo, ya que la documentación aportada por la DGT a los expedientes sancionadores son absolutamente ilegibles y ofrecen serias dudas del correcto funcionamiento del radar.

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