La tensión que se respira en los cuarteles de la Guardia Civil no es algo nuevo, es un conflicto que el actual Gobierno ha heredado de sus predecesores al frente del Estado y que estalló en mayo de 2010 con la bajada del 5 % del sueldo a los funcionarios públicos. En aquel momento fueron considerados como tal a pesar de que los representantes de los agentes llevaban tiempo denunciando condiciones laborales discriminatorias respecto al resto de los funcionarios. Para denunciar la situación, los guardias civiles de Tráfico iniciaron la llamada “huelga de los bolis caídos”, que provocó una reducción de 344.000 multas en los siguientes cuatro meses. Esto significó la friolera de 80 millones menos de recaudación en concepto de sanciones de tráfico respecto al mismo período del año anterior.
Según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a través de un informe al que ha tenido acceso Solo Moto, a instancias del Ministerio del Interior y de la DGT, los responsables de la Agrupación de Tráfico idearon un mecanismo al más puro estilo maoista para terminar con el descenso de multas: el Resumen de Actividades Individuales (RAI). El objetivo era, y es, valorar el rendimiento de los agentes para mantenerles o quitarles los complementos salariales.
El quid de la cuestión es que en la fórmula matemática que se aplica para hacer esta valoración se aumenta el peso de lo que puntúan las multas en relación, por ejemplo, con los auxilios en carretera. Además de esta formulación, el hecho de que este informe de productividad sólo sea aplicable a los agentes de carretera, y no a los que realizan tareas administrativas, mecánicas, de laboratorio… pone en evidencia que su principal objetivo es aumentar el número de multas. A los pocos meses, para reblar el clavo, se implantó el Resumen de Actividad de Unidades (RAU), para evitar que ningún jefe de unidad pudiera proteger a sus subordinados sin quedar en evidencia. El RAU permite, con los informes RAI de cada agente, sacar un informe de la productividad de toda la unidad para poder compararlo con el del resto de las unidades. Se ordenan de peor a mejor, resaltando en rojo las unidades menos productivas. Así pues, en las reuniones periódicas a las que los jefes de sector son convocados en Madrid, el general jefe de la agrupación pide explicaciones a los jefes de unidad con peor productividad.
A partir de este momento, denuncia la AUGC, la presión vertical sobre los agentes para que multen más y ayuden a la unidad a escalar posiciones se hace homogénea en todas las unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El RAU se envía a los jefes de unidad mensualmente, para que puedan ver si están o no cumpliendo los objetivos. “Sin duda, esta constante presión, poco a poco, nos va convirtiendo en meros recaudadores”, reza el informe.
Lo más grave, según la AUGC, es que esta presión sigue hoy en día a pesar de que la mayoría de los agentes a los que han retirado los complementos de productividad, unos 15 cada mes, que han acudido a los tribunales han ganado los juicios. Además, con sentencias tan claras como esta que emitió en octubre de 2010 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón: “Aun cuando se aceptara la inadmisible tesis según la cual los miembros de la Guardia Civil del destacamento de Tráfico son una especie de recaudadores, que su productividad se mida por el número de denuncias cursadas sería, a todas luces, contrario a lo dispuesto en los artículos 9.3, 103 y 104 CE, en relación con el artículo 25 CE”.
La nueva directora de la DGT, María Seguí, tiene pues en sus manos la papeleta de solucionar este conflicto que tiene visos de enquistarse en el cuerpo encargado de velar por la seguridad vial, y más viendo las nuevas medidas de recortes a los funcionarios anunciadas la semana pasada por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Independientemente de éstas, habrá que ver si Seguí mantiene la situación de tensión que heredó hace ya siete meses o si pone en marcha la inclusión de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en el plan que ha anunciado para que la DGT “sea vista por los ciudadanos como una institución amable, y no como castigadora”.