Ambas capitales, así como aquellos municipios y urbes patrios de más de 50.000 habitantes, tienen vía libre para establecer un peaje para todos aquellos vehículos que quieran entrar en casco urbano.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que establece un nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en España.
La norma, entre otras cuestiones, abre la puerta al pago o peaje para acceder y circular por una determinada área –en principio, las denominadas zonas de bajas emisiones (ZBE) que ya impulsa la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética– de todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes (y aquellas de más de 20.000 que muestran una insuficiente calidad del aire).
Londres o Milán, el modelo a seguir
La denominada ‘tasa de congestión’ se aplica ya en ciudades europeas como Londres (Inglaterra), que fue la pionera.
También Estocolmo y Gotemburgo (Suecia), Oslo (Noruega) o Milán (Italia) cuentan con peajes de acceso a su centro.
En ellas, se libran de pagar dicho peaje para acceder a las áreas delimitadas los residentes de dichas zonas y los vehículos de transporte y mercancías, además de los servicios de emergencias y personas con movilidad reducida.
Hasta la fecha, solo Madrid y Barcelona cuentan con ZBE. Sin embargo, distintas ciudades de nuestro país, según explican fuentes del Ministerio de Transporte, verían con buenos ojos la medida. Verían bien establecer un peaje para todos aquellos vehículos que quieran entrar a su casco urbano.
Para crear estas tasas para circular por el centro de las ciudades será necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio.
Eso sí, cada municipio podrá decidir si implementa o no la tasa. En todo caso, está previsto que la ley de movilidad no se apruebe hasta finales de 2023.
El Gobierno, a favor de los peajes de acceso a las ciudades
Durante la presentación del anteproyecto, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, argumentó el por qué de su propuesta. “El peaje aparece como una medida efectiva para estimular el cambio modal y reducir el volumen de tráfico. No en vano, traduce los impactos negativos del automóvil a términos económicos claramente perceptibles por la ciudadanía”.
El ministerio considera además que el ‘peaje urbano’ “genera un flujo de ingresos económicos constante». «Éste, a su vez, puede sustentar actuaciones persistentes en la mejora del espacio público para la movilidad peatonal. Y como no, también en el desarrollo de la infraestructura ciclista y para el transporte público. También la mejora del servicio de transporte público”.
En este sentido, asevera que “es una medida que ayuda a la redistribución de recursos, coherente con la pirámide de movilidad”.
La ley también faculta al Gobierno a realizar un estudio para implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado que garantice su mantenimiento.
El texto no define ningún modelo de pago por uso, según subrayó la ministra. Sánchez se comprometió a que este sea «fruto del consenso entre los agentes implicados».
