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Los radares de la DGT ya no ‘perdonan’

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Según publican ya varios medios de comunicación en sus ediciones on line, con la llegada de 2015, Tráfico, a través de una operación denominada ‘Operativa 7’, ha rebajado los márgenes de denuncia de los radares fijos y móviles que tiene repartidos por toda la red de carreteras en España, tal y como había avanzado ya en una prueba piloto en Galicia hace ahora dos veranos, en una acción que, como en 2013, tampoco fue anunciada previamente por parte del organismo dependiente del Ministerio de Interior.
El argumento oficial de esta reducción es “la unificación criterios y evitar desigualdades”, ya que hasta ahora dichos márgenes eran fijados por cada jefatura provincial de la DGT, por lo que se generaba un agravio comparativo entre conductores en función del territorio por el que circulasen. Y es que mientras que para algunos las infracciones leves quedaban sin castigo, para otros existía prácticamente tolerancia cero.

Los nuevos márgenes de gracia
Hasta ahora el margen de los radares estaba por encima de su propio margen de error técnico (situado en el 7 % para los radares móviles y en el 4 % para los fijos, aproximadamente), pero conductores y motoristas disfrutábamos hasta la fecha de márgenes mayores de forma discrecional, entre 10 y 20 km/h por encima de la velocidad máxima. Pues bien, se ha hecho tabla rasa y desde ahora se utiliza el mismo criterio para todos, sin distinguir entre leves y graves los excesos de velocidad a la hora de activar el radar –obviamente, el importe de la multa y la pérdida de puntos sí es diferente–. Para ser exactos, a unos y a otros nos aplican el ‘descuento del siete’.

Si el límite de velocidad es inferior a 100 km/hora, se restan 7 km y si es superior, se descuenta un 7 %. Es decir, los radares situados en zonas limitadas a 100, 110 o 120 sancionan a partir de 109, 120 y 131, respectivamente. De todos modos, para no arriesgarse lo mejor es ir siempre a la velocidad indicada por las distintas señales de tráfico en todo momento.

Por cierto, esta modificación, sin embargo, no afecta a los cinemómetros ubicados en el País Vasco, ya que son controlados por la Ertzaintza, ni a los situados en Cataluña y propiedad del Sevei Català de Trànsit.
 

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