La DGT sisa a los conductores el margen de error de los radares
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La DGT sisa a los conductores el margen de error de los radares

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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Burgos ha reconocido en una sntencia reciente que la Dirección General de Tráfico ha estado aplicando indebidamente durante los últimos 9 años los márgenes de error para sancionar los excesos de velocidad. La DGT se ha estado emparando para la aplicación de este margen en la Norma UNE 26444, obsoleta desde 2006. 

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denunció este hecho hace 2 años cuando uno de sus socios fue multado con 300€ y 2 puntos por circular a 151km/h por un tramo limitado a 120 km/h, cuando en realidad la multa debía ser de 100€ sin extracción de puntos. La resolución judicial contempla que  “el vehículo con el radar no estaba en movimiento sino parado, el margen que la norma UNE aplica es de + 3%”, sin embargo la norma que deberóa aplicar es la Orden ITC/3123/123/2010, “en cuyo caso el margen de error de la norma ITC es de un 2% superior, es decir 3,02 km/h. menos.”

“La utilización durante años de una norma técnica obsoleta por parte de Tráfico, no ha sido una cuestión menor de mera sustitución formal en el nombre de la norma técnica utilizada, sino que tenía –y tiene- graves consecuencias jurídicas a la hora de aplicar una sanción u otra”, explica el presidente de AEA, Mario Arnaldo. “Y así ha quedado acreditado por la sentencia judicial obtenida por los servicios jurídicos de AEA en favor de uno de nuestros socios -continúa Arnaldo-, que reduce a una tercera parte el importe de la multa impuesta y anula la retirada de los puntos detraídos”.

Se estima que durante ese periodo de tiempo en el que la DGT ha estado aplicando la norma obsoleta, se han interpuesto más de 18 millones de multas, algunas de las cuales deberían haber recibido una sanción menor si se hubiera usado el baremo correcto. 

Esta nueva sentencia avala la denuncia realizada por Automovilistas Europeos Asociados respecto del erróneo criterio sancionador, no sólo aplicado por la DGT, sino también por el Gobierno Vasco, la Generalidad de Cataluña y más de una docena de ayuntamientos, para sancionar los excesos de velocidad.

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