Hasta 100 millones de euros son los que ha dejado de recaudar la DGT por multas de tráfico desde que el pasado verano los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil iniciaron de forma espontánea la que se conoce como huelga de los bolis caídos, una denominación, por cierto, no del todo correcta, porque los agentes siguen acudiendo a sus puestos de trabajo, regulando el tráfico, ayudando a los conductores, asistiendo a los siniestrados… pero han dejado de multar por multar, con lo que no estamos ante una huelga, sino, más bien, ante una protesta. Sólo lo hacen en los casos graves, y para los leves aperciben al conductor para que no reincida en su conducta.
Desde hace tiempo consideran que en muchas ocasiones esta actitud es más efectiva que la de multar, pero claro, esto repercute directamente sobre las arcas del Estado. Y ahí es donde duele, puesto que desde el Ministerio del Interior no están dispuestos a renunciar a una buena fuente de ingresos, a los que se debe llegar, puesto que están presupuestados antes de comenzar cada ejercicio. Para este año estaban previstos 450 millones, de los que según comunicaron a Solo Moto fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), hay unos 100 millones que se han dejado de recaudar como consecuencia de la protesta de los agentes.
Así, la respuesta del Ejecutivo al descenso de denuncias ha sido empezar a retirar los complementos de competitividad de las nóminas de los agentes que menos multan. Varios son los agentes que han perdido este plus en los últimos meses, en una medida represiva que ya ha tenido su respuesta tanto dentro como fuera del cuerpo. Desde dentro, en varios destacamentos los agentes han creado las llamadas cajas de resistencia, donde todos aportan una cuota para compensar a aquellos compañeros a los que les han quitado los complementos.
Desde fuera, y más significativa todavía, es la aparición de las primeras sentencias de tribunales civiles que condenan la supresión de dichos complementos. Según nos confirmaban desde la AUGC, ya hay seis de ellas en todo el Estado, pero la más significativa es la emitida por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Castellón, que califica de “inadmisible la tesis de que los guardias civiles son recaudadores y que la seguridad vial consiste en multar”.
La sentencia, del 26 de octubre, a la que ha tenido acceso Solo Moto, califica de “escarmiento” la deducción del plus de productividad del agente. Se basa en la respuesta dada por los mandos a un recurso de alzada presentado por el agente, que decía textualmente “desde el mes de agosto no se ha observado ninguna sanción durante los servicios realizados, cuando anteriormente se observaba una media de 10 infracciones mensuales, con el agravante de no haber reconducido su actitud después de haber sido apercibido”.
La sentencia del tribunal afirma que “aunque se aceptara la inadmisible tesis según la cual los miembros de la Guardia del Destacamento de Tráfico son una especie de recaudadores, y que su productividad se mide por el número de denuncias cursadas […] de modo que la finalidad del procedimiento sancionador en materia de tráfico no sea la prevención general y especial de la infracción y con ella la seguridad del tráfico, sino el incremento de recaudación del Estado, se habría de considerar que el Suplemento de Seguridad Vial no tiene por objeto la retribución de productividad por objetivos, sino la productividad fundada en realización de jornadas en condiciones de especial penosidad, cuales son las realizadas en horario nocturno o en festivos”.
Como decíamos, son seis ya las sentencias en nuestro país favorables a los guardias civiles que han demandado a sus pagadores por vía judicial después de haber perdido los complementos, y puede que lleguen muchas más, porque hay, por lo menos, 15 propuestas de retirada de complementos contra agentes de tráfico.
Además de retirar estos complementos, se han cursado ya nueve expedientes disciplinarios contra dirigentes de la AUGC. Para protestar por esta situación, tres agentes comparecieron como veis en la foto ante la prensa a finales de noviembre, para luego quitarse las capuchas y explicar sus reivindicaciones. La situación, pues, es tensa, pero no hay una mesa de negociaciones entre el Gobierno y la asociación para tratar de solucionar los temas laborales que preocupan a los agentes. Es por ello por lo que miembros de la AUGC y de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil entregaron a principios de diciembre al Congreso de los Diputados una propuesta de reforma del cuerpo para que sea debatida. El objetivo es contrarrestar “la falta de diálogo y la inactividad del Gobierno, que de forma reiterada incumple sus compromisos y obligaciones”.
De todas formas, y aunque cuenten con el favor de la opinión pública y ahora también de los tribunales, temen que las medidas represivas por parte de Interior se incrementen y cambien de forma para pasar a “echar a compañeros de la especialidad de tráfico”.
Represión, un modelo agotado
Poco después de iniciarse la protesta de los bolis caídos por parte de los agentes de la Guardia Civil, apareció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigiendo a los guardias civiles que cumplieran con su obligación para no perjudicar la seguridad vial. Era una previa de la previsible escurrida de bulto que llegará próximamente, cuando tanto desde la DGT como desde el propio ministerio se atribuirá un posible repunte de los accidentes al descenso de multas.
La verdad, sin embargo, es que los técnicos de la DGT hace ya tiempo que manejan esta posibilidad, puesto que, como nos afirmaban desde la AUGC, el “modelo represivo está agotado y ahora será más fácil culparnos a nosotros que ponerse a arreglar carreteras, para lo que han reducido el presupuesto a la mitad”.