El nuevo Gobierno de Francia ha decidido confiar el control de los excesos de velocidad a personal civil. O dicho de otro modo, a partir de ya, además de los agentes de la Gendarmería Nacional encargados del control y gestión del tráfico en el país vecino, personas normales de a pie también podrán sancionar a los vehículos que infrinjan la ley vial. Según distintos medios franceses, el Eliseo contempla desplegar hasta finales de 2018 o en el peor de los casos hasta mediados de 2019 una flota de 400 vehículos privados dotados con radares móviles para aumentar el control de la velocidad en sus carreteras.
De hecho, desde el pasado mes de febrero y hasta el mes pasado, se estuvieron realizando varias pruebas piloto para verificar que los ‘nuevos’ radares móviles funcionaban perfectamente y de manera autónoma. No en vano, estos nuevos dispositivos de radar móviles apenas requieren manipulación por parte del usuario. Vamos, que sólo se han de colocar en el vehículo privado, conectarse y desconectarse. Todo lo demás, lo hacen por sí solos.
Este mismo mes se conocerá la empresa concesionaria de estos nuevos radares privados y en diciembre o en enero de 2018 empezarán a desplegarse por la norteña región de Normandía los primeros 26 vehículos dotados con ellos. Después de este 'aperitivo', Francia convocará nuevas plazas para las restantes doce regiones del país.
Hasta hoy, la media de trabajo de los radares móviles en Francia era de una hora y cuarto al día. Pues bien, el objetivo marcado por el Gobierno es utilizar estos ‘radares privados’ unas seis horas por jornada. ¿Qué supondrá ello? Pasar de unos 2 millones de ‘flashazos’ a cerca de 8 millones de destellos al día.
¿Llegará esta medida a nuestro país?
El diario ABC recoge la siguiente información. Preguntada la Dirección General de Tráfico (DGT) por si España podría adoptar el modelo francés, el departamento responde tajante: está descartado y “en ningún momento se ha puesto sobre la mesa”. En nuestro país, tanto desde la asociación de Automovilistas Europeos Asociados, como desde el Real Automóvil Club de España (RACE), avalan que esta iniciativa vulneraría el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial, según el cual se reconoce la presunción de veracidad de las sanciones emitidas por los agentes de tráfico, al entenderse que responden a hechos objetivos de seguridad vial sin ningún afán lucrativo ni interés económico. “Si el control de velocidad se externaliza fuera de la Agrupación de Guardia Civil de Tráfico, entonces se vulneraría ese artículo”, dicen las entidades de automovilistas.
La responsable de la asistencia jurídica del RACE, Ángeles de Miguel, observa que el uso de radares en vehículos privados conllevaría una serie de problemas. En primer lugar, el aparato medidor tiene que estar homologado para la función que se pretende, igualmente su correcta colocación en el vehículo. La pregunta que se hace De Miguel es si los medidores en Francia tendrán revisiones anuales como se hace actualmente con los oficiales o cómo se garantizará que los usuarios privados no manipulen estos aparatos a su arbitrio.
Según aprecia de Miguel, a la hora de medir la velocidad de otro coche, también podría “interferir” que un vehículo particular concreto circule “en unas circunstancias u otras”. Por ejemplo, no es lo mismo que el vehículo esté en circulación o estacionado. Eso “modifica” el resultado de la medición.
Para De Miguel, está claro que, en España, “la potestad sancionadora corresponde a la Administración”. La abogada dice que en materia de denuncias por infracciones de tráfico la carga de la prueba se invierte respecto del criterio general, que es “quien acusa debe probar”. Sin embargo, en materia de tráfico, los agentes de la autoridad (municipales, guardia civil, etc...) tienen presunción de veracidad. Se hace la pregunta entonces de si las denuncias en Francia se considerarían o no denuncias voluntarias al estar instalado el aparato medidor en vehículos privados. “En el caso de ser así los denunciantes no tendrían la presunción de veracidad otorgada a los agentes, lo que significa la obligación de prueba de la acusación”, alega.
Por último, añade que los radares en vehículos camuflados existen “desde hace tiempo en España, pero siempre en vehículos de la Guardia Civil. De privatizarse este servicio, cuando menos, debiera estar indicado en las normas”. Incluso, dependiendo de las condiciones, podría requerir una modificación de las leyes, apostilla.