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¡130.000 denuncias menos! por la huelga de “los bolis caídos”

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El pasado mes de junio los agentes de tráfico de la Guardia Civil realizaron 58.000 denuncias en toda España, un 70% menos -que equivale a un descenso de 130.000 denuncias- que el mismo mes del año anterior.

Los motivos de este descenso no son que los españoles cada día cometemos menos infracciones, sino que radican en el malestar de los agentes de la Guardia Civil, que según denuncian reciben un trato discriminatorio que no les deja disponer de los mismos derechos laborales que el resto de los funcionarios, pero en cambio si les aplican los recortes como a un funcionario más.

Los agentes de la Guardia Civil comparten la misma Dirección General, la misma función y las mismas misiones que los de la Policía Nacional, pero jamás se les ha tratado como funcionarios. Cobran menos y trabajan 22 horas mensuales más que los agentes de la Policía Nacional, pero es que además no hay ninguna regulación en los turnos de trabajo, que quedan al libre criterio de los mandos”. En esta declaración de José Antonio Agudo, secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), encontramos el trasfondo de este malestar.

En la superficie, la gota que ha colmado el vaso ha sido la famosa reducción del 5 % en el sueldo de los funcionarios, que ha afectado a los agentes de la Benemérita cuando paralelamente, en el Consejo General de la Guardia Civil donde se discute desde hace meses la nueva jornada laboral de los agentes, la Dirección General del cuerpo se niega a homologar sus condiciones laborales con las de la Policía Nacional. Son un cuerpo singular, de no funcionarios, alegan.

Esta caracterización de cuerpo singular viene de lejos”, recuerda Agudo. ·”En 1999 el Gobierno negoció con los funcionarios una paga compensatoria por el IPC del año 98, pero los agentes de la Guardia Civil no la cobraron porque, según alegó la administración, no teníamos representación en la mesa de negociación. Y si no la teníamos es porque, al ser un cuerpo militar, no podemos tener sindicatos. Es ahí donde nos declararon cuerpo singular, de no funcionarios, pero ahora para la bajada del sueldo si que lo somos”.

Si bien en otras ocasiones desde la AUGC han admitido haber promovido huelgas como la que se está produciendo en la actualidad, Agudo destaca que en esta ocasión “el descenso de multas es algo espontáneo producido por el malestar de los agentes”. La huelga está prohibida en el cuerpo, pero “los agentes están haciendo valer su derecho a alertar y explicar a los infractores sobre la peligrosidad de sus acciones, en lugar de multarles cuando detecta que sus infracciones no son graves y son debidas al desconocimiento o al despiste.”

Descensos de hasta el 90%
Si media del descenso de multas en España es del 70%, hay destacamentos como los de Madrid, Sevilla, Pontevedra o Málaga donde los agentes han impuesto un 90% menos de multas. En Castellón o La Coruña, el descenso ha sido del 80%, en Zaragoza del 70%, en Orense del 50% y en Albacete del 10%. Son sólo algunos ejemplos.

Sanción vs educación
Esta huelga de los “bolis caídos”, sin embargo, no sólo pone de manifiesto la situación discriminatoria en la que se encuentran los agentes de la Guardia Civil, sino que sirve para cuestionar una vez más la política de sanciones de la DGT.

Según José Antonio Agudo, secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), “este descenso de las sanciones no va a afectar a la seguridad vial porque los agentes siguen denunciando las infracciones que hay que sancionar”. Esta afirmación indica que habitualmente se sanciona en exceso, o en situaciones en las se podría no sancionar. En este sentido, Agudo afirma que “la administración incide en la denuncia, pero jamás me han educado en el valor pedagógico que se supone que deben tener las sanciones y la percepción de los agentes es que se les valora más por el número de multas que tramitan que por su grado de profesionalidad”.

Desde la AUGC consideran más eficiente, en los casos de poca gravedad, explicar las consecuencias de según qué conductas o despistes que sancionar.

Lo que sí afecta a la seguridad vial, afirma Agudo, “es que no haya suficiente número de agentes en las carreteras secundarias, que se incumplan los compromisos de eliminación de tramos de concentración de accidentes o que se coloquen radares en lugares que no son peligrosos. Esto quiebra la confianza de los ciudadanos con la administración de tráfico, y elimina esta labor educativa que deberíantener las sanciones”.

Ahorro en boquillas
A corte de ejemplo de cómo se quiebra la confianza entre administración y ciudadano, dentro de las medidas de recorte de gastos que está aplicando la Benemérita está la de sólo practicar las pruebas de alcoholemia a aquellos conductores que presentan síntomas de conducir ebrios en los controles preventivos para ahorrar boquillas (que cuestan 15 céntimos cada una). La cuestión es que en lugares como Canarias, a los agentes se les pide que contabilicen como alcoholemias a todos los vehículos a los que se les ha dado el “alto”, en una clara muestra de que lo que cuenta para la administración son las estadísticas.

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